O como la administración corrompe la comunicación con el ciudadano

Artículo de opinión
narrado en la Cadena SER de Ávila, el 9 de septiembre de 2008.

“El despotismo conduce a la tiranía”, decía Sieyes en los albores de ésta nuestra edad contemporánea y en pleno desenvolvimiento de la Revolución Francesa. Hace unos días enfilaba con un buen amigo, versado en ciencia política y en experiencia vital, una de esas conversaciones relajadas y placenteras que terminó por reparar en el abusivo y ansioso acaparamiento de poder por determinados políticos de variado signo. La enorme dificultad que entraña conocer la realidad y los hechos de nuestra vida política, pese al derecho constitucional a recibir una información veraz; la noble hazaña de poder transmitir información contrastada, lastrada por las dificultades de su búsqueda y el entorpecimiento de múltiples intereses para que pueda ser encontrada; suele topar en crecientes y numerosos casos con el papel de los denominados “gabinetes de comunicación” de las diversas Administraciones Públicas. 

El fenómeno está ya siendo estudiado, dentro del catálogo variopinto de aportaciones a la corrupción política. Estos perversos “gabinetes de comunicación”, lejos de representar la objetividad y el interés general que la Constitución preconiza de todo poder legítimo, son en realidad contubernios montados por el partido mayoritario que gobierna en ayuntamiento, diputaciones o cabildos. En otras palabras, con el dinero de todos los contribuyentes, se financia un puesto de “confianza política” y naturaleza eventual para que un determinado periodista trabaje al único y exclusivo servicio del partido gobernante, y precisamente para manipular la veraz información que deberían recibir los ciudadanos, que son quienes finalmente les pagan. 

Me comenta mi amigo que se ha encontrado con casos espeluznantes, de periodistas convertidos en auténticos mercenarios del poder político, carentes de ética profesional y de moral pública, fichados precisamente por su ausencia de escrúpulos y su cobarde babosearía. El papel de tales sujetos consiste no ya en transmitir sólo lo que le conviene a su amo –que es precisamente lo que hacen- sino en imponer en el gremio periodístico “leyes activas de silencio” respecto a los temas que no les interesan que aparezcan publicados. Para ello, acuden a la disuasión directa, conscientes de las enormes sumas que las Administraciones manejan y reparten para publicidad y eventos; dinero que aportamos todos los contribuyentes, precisamente ahora para ser desinformados y manipulados. 

Éste mecanismo tiene una función letal en las pequeñas provincias, y si el partido gobernante acapara además de la administración regional, las locales y provinciales, el mecanismo reproductor alcanza efectos asfixiantes para cualquier medio de comunicación. Pero las fechorías, me comentan, no terminan ahí; quienes así actúan suelen hacer chanza y escarnio de los medios indomables ante sus propios compañeros de profesión, en público y según grabaciones que posiblemente han podido registrarse. 

El gran Sieyes ya decía que, “pertenece a la naturaleza de las pasiones humanas que quien tenga a su disposición todos los poderes abuse y se extralimite en el empleo de los mismos”. Lo que les cuento, y a mi me contaron, de ser cierto, está descrito en el Código Penal como delito de amenazas y coacciones. Todas nuestras instituciones públicas tienen que hacer una demostración de honradez y publicar los fondos que destinan a publicidad, pero además, demostrar que no hay tratos de desfavor: es nuestro dinero y lo pagamos todos, es el derecho a estar informados verazmente.

Paco Cenalmor 

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